Nuestro país –su democracia– aún no legisló un sistema penal juvenil. El delito cometido por menores se dirime hoy, en la Justicia, a través de un decreto de la dictadura militar. Esto incumple tratados internacionales. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ideó un anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Básicamente, señala que se es penalmente responsable a partir de los 15 años en delitos graves con más de 15 años de pena (violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas y robo con arma de fuego) y, entre los 16 y los 18 años, los que estén gravados con más de dos. Será enviado al Congreso esta semana y, si todo sale como espera el Gobierno, el año próximo se convertirá en ley. No es, por supuesto, una idea para ansiosos.
Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien integró la comisión redactora del proyecto de Sistema Penal Juvenil, señala que “el plazo de implementación será de siete años”.
–¿Cuál es el total de la población penal juvenil en la actualidad?
–Son 6.275 chicos de entre 16 y 18 años. De ellos, 1.259 están presos. Y más de cien de estos últimos tienen menos edad. Están en institutos de menores, cerrados, en una situación irregular permitida por el decreto de la dictadura que sigue aún vigente. Ante un delito cometido por un chico de 14 años los jueces tienen que declararlo inimputable, porque la edad para proceder es 16. Entonces no se investiga el hecho delictivo, y queda impune. Y luego tiene dos opciones: lo manda de nuevo al lugar de donde vino, sea la calle o un hogar donde está muy vulnerable, o lo encierra en un instituto junto a otro chico de 17 años que por ahí cometió un homicidio.
–¿Cuántos vuelven al lugar de origen y quedan en libertad?
–Es casi imposible tener ese número, porque los sistemas de Justicia no lo informan.
–¿Qué cambio traería este proyecto?
–Lo central de la propuesta es que los hechos vinculados al delito donde participen chicos menores a los 15 años tengan una instrucción preliminar, en la que un fiscal establezca si tuvo participación en el hecho, y que una vez que sea declarado inimputable, el juez pueda derivarlo ya sea a un organismo de salud mental por un tema de adicciones, a distintos dispositivos sociales que se encargan de situaciones de vulnerabilidad, o a programas de justicia restaurativa si ese chico fue vinculado al delito en cuestión.
–¿Qué es la justicia restaurativa?
–Un método de composición donde participan la víctima, el imputado y parte de la comunidad, que podría ser el primer o segundo eslabón de contención del imputado: un maestro, gente del club de barrio, un cura, alguien del comedor adonde va... Lo que se busca es integrar a ese menor que cometió el delito con la sociedad, a través del círculo en el cual debería llevar su vida con normalidad, no que vaya preso.
–Vemos que en los mayores la reincidencia es enorme. ¿Por qué no se daría lo mismo entre los menores?
–Es precisamente para romper ese círculo que se aborda de esta manera a los inimputables. Hoy, un chico de 12 o 13 años que detiene la policía por un delito menor, en el 99 por ciento de los casos vuelve al mismo lugar de riesgo donde estaba, sin haber tenido ninguna respuesta por parte del Estado. La Asociación Psicoanalítica Argentina, que hizo un gran aporte a este proyecto, nos dijo que, ante la falta de consecuencias, el chico cree que su acción fue correcta. Si no se corta eso a la primera señal, al primer delito, el menor va a aumentar la intensidad de su acción. Y si el límite no llega, termina a los 15 saliendo a robar con un arma.
–¿En qué porcentaje incide la droga?
–Un estudio sobre 1.800 chicos en centros de rehabilitación indica que comienzan a consumir alcohol y estupefacientes entre los 7 y los 13 años. Entre los 12 y los 14 cometen el primer delito, y entre los 14 y los 16 abandonan la escuela. Por cada chico que consumió hay un delito. Y la mayoría delinque primero en su casa, robándoles plata a sus padres.
–¿Por qué se puso como límite 15 años?
–Hoy, de cien chicos detenidos por delitos graves, 70 tienen esa edad. Son casos de homicidio o robo calificado con armas de fuego. Hay un universo de población penal juvenil que está preso sin respuesta y sin investigar ese delito. Y nosotros queremos que se investigue. Por eso proponemos que intervenga un equipo interdisciplinario, que haga un plan para cada uno de ellos.
–¿Qué planes proponen?
–Que haya principio de oportunidad, remisión, mediación, conciliación, círculos restaurativos y probation. Lo interesante de estas vías es que sí o sí necesitan del acuerdo de la víctima. Sólo si ella lo decide esos mecanismos de solución se aplican. Se incorpora a la víctima con un protagonismo enorme.
–¿Y si la víctima se opone?
–Va a un juicio tradicional. Pero no necesariamente termina encarcelado, porque en los menores ésa es la última instancia. Hay medidas socioeducativas, disciplinarias y recién luego privación de la libertad, en distintas escalas.
–Si el límite es 15 años, ¿qué pena tendrá, por ejemplo, un chico que cumplió esa edad y mata?
–El juez no podrá imponerle perpetua. Esa es una diferencia con la actualidad. Para los de 15, el máximo de pena en un homicidio –o los otros delitos graves– son 15 años. Nuestra Corte Suprema estableció que no se le puede imponer una pena mayor a su edad vital. De 16 a 18, lo único prohibido será la perpetua; después, el juez determinará.
–¿Qué pasa con las familias de esos chicos? Hubo un caso emblemático la semana pasada: el chico de 8 años que quiso robar una joyería con un arma de juguete y afuera había un mayor esperándolo.
–En ese caso se tiene que estudiar la conducta de ese mayor. El Código Penal tiene una figura para quienes utilizan a un menor para cometer un delito. Hasta ahora, el juez o metía al chico en un instituto sin proceso previo, o lo devolvía a su casa. Con nuestra propuesta habrá un equipo interdisciplinario que lo evalúe; y además, se investigará el delito. Porque si no se investiga lo que hizo el de 8, queda impune el mayor también. Nosotros no estamos proponiendo castigar penalmente a los padres. Pero si se detecta que un chico está en situación vulnerable, se pueden tomar acciones que lleguen hasta la quita de la patria potestad.
–¿Creen que con este proyecto bajará el delito juvenil?
–No es imposible. En 2014 había en la provincia de Buenos Aires 3.300 chicos vinculados al sistema penal. Tres años después, con un trabajo territorial excelente del Ministerio de Desarrollo y del sistema de Justicia, los casos bajaron a 2.400, casi un 30 por ciento menos. Porque al primer delito se vio que había un problema, y el Estado acompañó al chico.
por Hugo Martin
fotos: Matías Campaya y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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